Quisieron tener más dinero y se autocomplacieron con un bono que ahora los pone frente a la justicia. Trece integrantes del Cabildo de Manzanillo en la administración pasada fueron vinculadas a proceso por estos hechos, mientras las cúpulas estatal y nacional de sus partidos, PRI y MC, acusan a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva de estar detrás de la determinación judicial.
Entre las personas que enfrentan este proceso en un juzgado del Tercer Partido Judicial de Manzanillo, está la expresidenta municipal, Griselda Martínez Martínez, y las regidoras del PRI, Sara Valdovinos, y de MC, Martha Zepeda del Toro; a estas dos la jueza de control les ordenó separarse del cargo en lo que se desarrollan las investigaciones.
En un comunicado la Fiscalía del Estado confirmó la vinculación a proceso de 13 exfuncionarios de este ayuntamiento, “por los hechos que la ley establece como delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, y violación a la ley que fija las bases para las remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios”.
La acusación, dice el informe oficial dado a conocer la noche del martes 20 de agosto, es por el otorgamiento de un denominado “bono de subsistencia”, en beneficio propio y en agravio de la sociedad y del ayuntamiento porteño, con un daño al erario público superior a los 30.4 millones de pesos.
Previo al comunicado de la Fiscalía, el PRI Estatal emitió un boletín de prensa firmado en conjunto con la Asociación de Munícipes Priistas (Anarem), donde reprueba el procedimiento contra la regidora Sara Valdovinos, al considerar que la resolución es “desproporcionada e injustificada” por parte de la jueza, al ordenar la separación del cargo.
A su vez, en su cuenta de X el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, acusó a la gobernadora y a la presidenta de Manzanillo, Rosa María Bayardo, de orquestar una persecución política contra de sus compañeras de partido, lo mismo el dirigente estatal Jesús Dueñas, quien en Facebook calificó el hecho como un “golpe político”.
En lo que seguramente seguirán las declaraciones y acusaciones, el juzgado de control dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
